La Concordia de 1614, firmada sobre todo por la voluntad del rey Felipe III, se quedó en agua de borrajas por dos aspectos fundamentales: estar vacante la encomienda mayor de Aragón de la Orden de Calatrava, señora por derecho de la jurisdicción civil y criminal, y las diferencias entre villa y barrios en cuanto a los derechos y obligaciones derivadas del uso de los molinos de harina. Veamos cada una de ellas.
Aunque los maestrazgos de las diferentes órdenes militares se habían incorporado a la corona en 1530 y el Rey se había convertido en su administrador perpetuo, se seguía conservando el título de maestre de la encomienda mayor de Aragón que en aquellos momentos recaía en la persona de Martin de Alagón y Heredia, VI conde de Sástago, que había fallecido en aquel mismo año de 1614. El monarca consideró oportuno que, siendo como era el maestre el dueño del derecho sobre el ejercicio de la alta y baja justicia, no debía inmiscuirse en el nombramiento de los solicitados justicias locales y decidió demorar su decisión hasta que la vacante estuviese cubierta.