A partir de la introducción en España de la dinastía borbónica y la supresión de los fueros aragoneses, Felipe V, tomó diversas medidas tendentes a unificar las haciendas locales aragonesas y equipararlas a las castellanas.
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| Antiguo Mesón |
Todo ello culmina en la Real Instrucción de 30 de julio de 1760 tendente a sanear y racionalizar las haciendas concejiles y, según la cual, además de otros asuntos, se estipula la creación para cada municipio de un reglamento de ingresos y gastos, si quiere presupuesto, que no podía ser sobrepasado bajo ningún concepto.
Los municipios, con sus haciendas o base económica controladas y mermadas por la acción estatal, pierden la gestión global de sus recursos y funciones, al prestar menores y peores servicios a los vecinos, y se sitúan a un paso de la pérdida de lo poco que les quedaba de autonomía(1).
A lo largo del tiempo, particularmente en Valdealgorfa a partir de la Concordia aprobada en 1629, los municipios contaron con fuentes de ingresos propias destinadas a cubrir sus numerosas obligaciones y gastos. Entre ellos, los ayuntamientos debían atender a la conservación de las propiedades del concejo como calles y edificios (molino, fuentes, graneros…) o habían de sufragar gastos corrientes como los generados por la instrucción pública, maestro de primeras letras, la sanidad (médico, boticario, veterinario…), oficios varios (cortante, dulero…), policía (guardas del municipio y de montes), y, como no, los derivados de celebraciones públicas, fiestas patronales, toros, etc.
